Ley de Salud Mental y Acompañamiento Terapéutico. Por la plena implementación de la Ley.
El Plan Nacional de Salud Mental, aprobado en el año 2013, nombraba y jerarquizaba la práctica del Acompañamiento Terapéutico como un sistema de apoyo fundamental, que podía integrarse a equipos interdisciplinarios para abordar distintas situaciones: desde externaciones hasta el sostenimiento de casas asistidas, su inclusión en proyectos comunitarios y el trabajo ambulatorio.
Implicó una transformación en el tratamiento de las problemáticas de salud mental, posibilitando que fueran atendidas en la comunidad y no segregadas ni ocultadas en el encierro.
Con el desarrollo de espacios de formación —en universidades, seminarios, congresos, tecnicaturas—, el Acompañamiento Terapéutico comenzó a consolidarse como un oficio con fundamentos teóricos sólidos, articulados a la acumulación histórica del campo de la Salud Mental en nuestro país.
A partir de dicha configuración y del reconocimiento social, también pasó a ocupar un rol fundamental en el cruce entre salud y educación, en el campo de la discapacidad y en el trabajo con personas mayores.
Nada de esto hubiera sido posible sin el impulso de la Ley de Salud Mental.
Cabe recordar que, en aquel momento, para sostener prácticas ambulatorias muchas veces era necesario recurrir a la Justicia, bajo recursos de amparo, sobre el principio introducido por la ley de que la internación debía ser el último recurso y que debían priorizarse las alternativas de abordaje en la comunidad.
Con el tiempo la práctica del Acompañamiento Terapéutico obtuvo validación social en distintos ámbitos estatales y privados. Incluso las obras sociales comenzaron a reconocer su eficacia, advirtiendo que, en muchos casos, resultaban no solo más adecuadas, sino también menos costosas que las internaciones en situación de crisis, que luego no eran acompañadas con estrategias de externación, obturando de esta manera la posibilidad de continuar los tratamientos.
En este sentido, es importante resaltar que la Ley de Salud Mental habilita las internaciones, tanto en una modalidad voluntaria como involuntaria, de ninguna manera la impide. Lo que introduce la ley sobre la internación es su redefinición respecto de concebirla como una instancia en el marco de una estrategia terapéutica, y ya no como única respuesta o un tratamiento en sí misma.
Observamos frecuentemente que los medios de comunicación reproducen y construyen discursos que sostienen que la ley prohíbe la internación, cuando en la misma se contempla explícitamente la posibilidad de internaciones involuntarias si existe un riesgo cierto para la persona o para terceros y a partir de la evaluación de un equipo interdisciplinario, con el objetivo de garantizar la continuidad de los procesos de cuidado, evitando la cronicidad de este recurso terapéutico.
Ahora bien, si pretendemos resolver las dificultades que se presentan en la práctica, resulta fundamental ubicar que las mismas refieren a la gestión de la internación y de otros recursos en el campo de la Salud Metal por la falta de inversión y el incumplimiento de lo establecido respecto del presupuesto para Salud Mental, que debe ser el 10% del presupuesto en Salud.
Por otro lado, las dificultades en el contralor que debe realizar el sistema judicial, respecto de una medida de salud restrictiva de la libertad, son consecuencia de la falta de articulación de políticas integrales en los distintos estamentos del estado, que también incluye la formación de los agentes de justicia.
Lo que se pone en evidencia es que las fallas del sistema no radican en la concepción de la ley, sino en su sostenimiento material, lo que constituye una definición política.
En la semana que se anuncia que va a discontinuarse el programa Remediar, por el que llegan 74 medicamentos gratuitos a todos los Centros de Salud del país, mientras vemos el incumplimiento a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el recorte a las prestaciones de Pami, con trabajadores de la salud cuyo sueldo no alcanza la canasta básica, y a la vez son los que tienen que dar respuesta a una enorme cantidad de familias de trabajadores que se quedan sin obra social; ¿cómo es posible creer que los enormes problemas de Salud Mental que sufre nuestra población se solucionarían por modificar un decreto de ley fundamentalmente para agregar lo que la misma ya dice?
El problema no está en la Ley, todo lo contrario.
La discusión, entonces, no es si la ley funciona o no, sino si estamos dispuestos a sostenerla con los recursos y las decisiones políticas que hacen falta para que funcione.
Lic. Paula Sague- Psicologa- Sec. Extensión Facultad de Psicología UNR
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