UNA RESPUESTA PUNITIVA A UN PROBLEMA SOCIAL COMPLEJO
En contextos de preocupación social por la inseguridad, reaparece periódicamente la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal. Presentada como una solución rápida frente al delito juvenil, esta medida apela al sentido común punitivo y al reclamo de castigo inmediato. Sin embargo, cuando el debate se analiza desde la psiquiatría infantojuvenil, la neurociencia, la sociología y los estándares internacionales de derechos humanos, surge con claridad que reducir la edad penal no solo resulta ineficaz, sino que puede profundizar los problemas que pretende resolver.
Un cerebro en desarrollo no es un cerebro adulto
La evidencia científica es contundente: el cerebro continúa madurando hasta aproximadamente los 25 años. Durante la adolescencia, la corteza prefrontal —responsable del control de impulsos, la toma de decisiones y la anticipación de consecuencias— aún se encuentra en desarrollo. En cambio, el sistema límbico, asociado a la emoción y la búsqueda de recompensa, presenta una alta reactividad.
Este desbalance biológico se traduce en mayor impulsividad, tendencia al riesgo, sensibilidad a la presión del grupo y dificultades para evaluar consecuencias a largo plazo. No se trata de excusas ni de patologías, sino de características evolutivas propias de esta etapa.
Pretender que un adolescente responda penalmente como un adulto implica desconocer los fundamentos biológicos del comportamiento humano.
El delito juvenil no nace en el vacío
Los datos sociológicos muestran un patrón consistente: la gran mayoría de adolescentes en conflicto con la ley proviene de contextos atravesados por pobreza estructural, exclusión educativa, violencia intrafamiliar, consumo problemático y experiencias tempranas de trauma.
Esto no significa justificar el delito, sino comprender que las conductas transgresoras emergen en trayectorias marcadas por la desigualdad. Criminalizar tempranamente a estos jóvenes no resuelve las causas, sino que consolida circuitos de exclusión.
Cuando el Estado aparece primero con la sanción y no con la protección, el mensaje institucional es claro: se castiga la consecuencia mientras se ignoran las condiciones que la producen.
Trauma, salud mental y conducta
En el ámbito clínico, muchos adolescentes judicializados presentan antecedentes de trauma infantil, trastornos del apego, consumo de sustancias, depresión y estrés postraumático complejo. Las experiencias adversas tempranas alteran los sistemas neurobiológicos de regulación emocional y aumentan la reactividad conductual.
Desde la salud mental, estas conductas deben comprenderse como expresiones de sufrimiento psíquico y no exclusivamente como intencionalidad criminal.
Responder con castigo en lugar de tratamiento perpetúa el daño.
Lo que dicen los estándares internacionales
El derecho internacional es claro: los niños y adolescentes requieren protección especial del Estado.
La Convención sobre los Derechos del Niño, junto con las Reglas de Beijing y las Reglas de La Habana, establecen que: la privación de libertad debe ser el último recurso; las respuestas deben ser socioeducativas; debe promoverse la reintegración social; los Estados deben tender a elevar, no reducir, la edad penal. Ignorar estos estándares implica retroceder en compromisos asumidos internacionalmente.
Más castigo no significa menos delito
La evidencia comparada demuestra que bajar la edad de imputabilidad: no reduce el delito juvenil, aumenta la reincidencia, expone a los jóvenes a entornos criminógenos, interrumpe la escolarización, refuerza la estigmatización social.
El ingreso temprano al sistema penal fortalece la identidad delictiva en lugar de prevenirla.
Una respuesta política simbólica
Las políticas punitivas suelen prosperar en contextos de ansiedad social porque ofrecen una sensación inmediata de control. Sin embargo, constituyen respuestas simbólicas que no modifican las condiciones estructurales del delito.
Reducir la edad penal no combate el narcotráfico, no mejora la educación, no reduce la pobreza ni fortalece los sistemas de protección social. Solo amplía el alcance del castigo estatal sobre los sectores más vulnerables.
Qué funciona realmente
Las estrategias que sí han demostrado eficacia incluyen: intervención temprana en la infancia; fortalecimiento de la escuela y la inclusión educativa; programas de salud mental comunitaria; abordaje del consumo problemático; apoyo a familias en contextos vulnerables; justicia restaurativa; políticas de reducción de desigualdad.
Estas medidas requieren inversión sostenida y voluntad política, pero producen resultados reales y duraderos.
Una decisión que define qué sociedad queremos
El modo en que una sociedad responde a sus adolescentes más vulnerables define su horizonte ético. La baja de la edad de imputabilidad ofrece una ilusión de orden a corto plazo, pero consolida exclusión, reproduce violencia y desconoce la evidencia científica.
No se trata de negar el dolor de las víctimas ni de minimizar la gravedad de los delitos. Se trata de comprender que castigar antes y más duro no construye seguridad.
La verdadera seguridad se construye garantizando derechos, reduciendo desigualdades y ofreciendo oportunidades reales de inclusión.
Bajar la edad penal puede sonar a solución. En realidad, es una renuncia: la renuncia a comprender, a prevenir y a construir un futuro más justo.
Dr Ezequiel Gattaz – Medico Psiquiatra
Mat. 7981
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